Durante la mañana del miercoles se llevo adelante una conferencia de prensa de la mano del Secretario de Gobierno Luciano Travaglino y Gustavo Alemandi, Presidente del Directorio de la Caja de Jubilaciones, donde explican que las autoridades de la Caja de Jubilaciones y el intendente municipal formalizaron una denuncia penal por un desfalco que ya alcanza una cifra impactante.

La presentación judicial busca que el caso se investigue bajo una carátula severa, “asociación ilícita, defraudación en perjuicio de la administración pública, fraude de la Caja de Jubilaciones y pensiones, e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La investigación apunta a tres personas específicas, señalando un esquema jerárquico dentro de la institución. Según se detalló en la conferencia, la principal implicada es la encargada de la Caja, designada por la gestión anterior, cuya función fue comparada con la de un gerente bancario por su nivel de responsabilidad.

“Esa persona se le ha constatado a la fecha un por un importe de 25 millones de pesos lo que se ha llevado presuntamente. La otra empleada, que es una empleada administrativa, tiene por un importe de 24 millones de pesos y el marido de la encargada tiene por un importe de 27 millones de pesos”. En total, la suma cuantificada hasta el momento asciende a prácticamente 90 millones de pesos.

Ante la gravedad de los hechos y el riesgo para la investigación, se ha solicitado una medida ejemplar, “se ha solicitado la prisión preventiva para estas personas y también que la autoridad judicial pida a las entidades bancarias la posibilidad de acceder a cierta información que en este momento no estamos contando”.

Uno de los puntos más escandalosos de la denuncia es la mecánica utilizada para desviar los fondos. Según se explicó, los involucrados aprovechaban los beneficios de personas ya fallecidas para realizar transferencias a sus propias cuentas personales.

“Hubo cierta inconsistencia en lo que era el beneficiario y los CBU donde se aportaba el dinero, obviamente que usaban a fallecidos con CBU propio. Nosotros tuvimos una reunión con el banco ayer donde fuimos a pedir explicaciones. El banco lo que dice que detecta solamente el CBU si está bien, no el titular de la cuenta”.

Esta maniobra permitía que, mientras el CBU fuera válido y estuviera activo, el banco no corroborara si el nombre del titular de la cuenta coincidía efectivamente con el del jubilado beneficiario.

Si bien los 90 millones representan lo que ya está documentado a través de transferencias directas a los sospechosos, la auditoría interna sugiere que esta cifra es apenas el piso de la defraudación.

“Esta cifra tiene que ver exclusivamente cuando vean fondo desde una persona fallecida a sus cuentas. La otra modalidad en donde hay gente que jubilados activos que han recibido un dinero extra y no fue reintegrado a la caja no está dentro de este monto. O sea, que este monto va a ser mayor”, advirtieron las autoridades. Actualmente, ya hay al menos tres jubilados activos notificados por inconsistencias en sus cobros, quienes cuentan con un plazo de cinco días para realizar su descargo legal.

A pesar del escándalo y el sumario administrativo en curso, se llevó tranquilidad a los beneficiarios actuales. Se confirmó que “la caja va a seguir funcionando normalmente” bajo la gestión interina de una ex-empleada jubilada de la institución, nombrada por 90 días para garantizar la continuidad de los pagos y compromisos.

La investigación, que detectó irregularidades concentradas en los últimos ocho meses, no descarta extenderse más hacia atrás en el tiempo. Por ahora, la justicia cuenta con testimoniales de otros jubilados y registros de pagos repetidos que serán adjuntados a la causa penal para determinar el alcance total de esta asociación ilícita.