El Concejo Municipal de Armstrong aprobó una nueva ordenanza que prohíbe el uso de gomeras, rifles de aire comprimido y dispositivos similares dentro del ejido urbano. La medida surge tras la conmoción social causada por la viralización de un video donde menores de edad terminaron con la vida de una lechuza, lo que aceleró un proyecto que había sido presentado originalmente hace dos años.

La concejala Luz Marina Fischer, impulsora de la iniciativa, explicó que la propuesta no había encontrado eco en el pasado hasta que un hecho de maltrato animal visibilizó la problemática. «Tres nenitos mataron a una lechucita con una gomera y todo quedó filmado. Eso generó un repudio social que puso el tema sobre la mesa nuevamente», señaló Fisher. Según los vecinos, los mismos menores también habían sido vistos dañando luminarias, frentes de casas y otros animales.

La nueva normativa es estricta y abarca una amplia gama de elementos. Se prohíbe en todo el ejido urbano el uso de:

Gomeras.

Rifles y pistolas de aire comprimido.

Armas de gas o CO₂.

Cualquier dispositivo apto para lanzar proyectiles (balines, piedras, bolillas o municiones).

El objetivo primordial es la prevención de lesiones o muerte en personas y animales, además de evitar daños en bienes públicos y privados.

La ordenanza permite el traslado de estos dispositivos dentro de la ciudad solo si se encuentran descargados, dentro de un envoltorio cerrado y con un dispositivo de seguridad que impida su uso inmediato.

En caso de detectarse una infracción, el área de Orden Público Municipal procederá al secuestro inmediato del elemento, que quedará a disposición del Juzgado Municipal de Faltas.

Un punto clave de la legislación es el tratamiento de las infracciones cometidas por menores. En estos casos, los progenitores, tutores o adultos responsables serán los responsables legales y económicos de la contravención.

Las sanciones buscan ser ejemplificadoras y «que duelan», según palabras de la concejala, para generar un cambio cultural similar al logrado con el uso del casco en la localidad. Las multas estipuladas son: De 800 a 2000 unidades tributarias, lo que equivale aproximadamente a un rango entre $1.200.000 y $3.000.000; en caso de reincidencia, el valor de la multa se duplica.

Fisher destacó que, si bien se consideró la opción de trabajos comunitarios, se priorizó la sanción económica fuerte para garantizar el cumplimiento y la toma de conciencia sobre el respeto a la vida y el medio ambiente. «Lo mejor que podemos dejarle a las nuevas generaciones es la enseñanza de cuidar a toda forma de vida que nos rodea», concluyó la edil.