Escuchá  la nota completa de Un Buen Día con Graciela Piñero, transportista de  la localidad de Armstrong.

El pasado miércoles, Instituciones, profesionales y prestadores realizaron un paro nacional en rechazo al nuevo proyecto de ley impulsado por el Gobierno, al que consideran una amenaza directa al sistema de prestaciones.

Todos coinciden en que la situación de los prestadores en el área de discapacidad ha llegado a un punto límite, manifestándose recientemente en protestas a nivel nacional. Graciela Piñero, transportista de  la localidad de Armstrong que traslada pacientes hacia toda la región, en comunicación con “Un Buen Día” por CDG24 Radio brindó un crudo relato sobre las dificultades económicas que enfrenta su actividad cotidiana. Según explica, el principal inconveniente radica en un desfasaje insostenible entre los costos operativos y los aranceles vigentes.

“El valor del kilómetro quedó muy atrasado y ahora está a menos de la mitad de lo que cuesta un litro de combustible”. A esto se suma una cadena de pagos rota, donde las obras sociales como IAPOS y organismos como PAMI abonan los servicios con demoras de 90, 120 e incluso 150 días. Mientras tanto, los transportistas deben afrontar gastos diarios en efectivo “nosotros somos los que compramos el combustible, cambiamos el aceite y las cubiertas, y recién después nos pagan; es muy difícil mantener esta situación”.

Graciela fue tajante en su reclamo ante las obras sociales: “yo no soy de Cáritas, soy transportista. Si quiero hacer una donación la elijo yo, no que ustedes me la impongan. Me duele sentir que estoy financiando a la obra social y no al chico”. Esta situación financiera ha llevado a que muchos colegas abandonen la actividad para dedicarse a rubros más rentables, como el transporte de cargas o mensajería, transformando sus camionetas adaptadas en vehículos de flete.

Más allá de lo económico, la crisis tiene un impacto humano directo en los pacientes, quienes dependen exclusivamente de estos traslados para acceder a sus rehabilitaciones. “Si nosotros no llevamos a los chicos, el centro de día o las terapeutas no los reciben. ¿Cómo los llevan? Muchos usan silla de ruedas y no hay forma de subirlos a un colectivo urbano o de ruta”, advirtió Graciela.

Finalmente, expresó su profunda preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno elimine el nomenclador nacional, lo que desregularía los precios y obligaría a cada transportista a negociar individualmente con las obras sociales. “Apelo a los diputados y senadores para que entiendan la situación y piensen en la persona con discapacidad y su entorno familiar, que realmente necesitan esta asistencia”, concluyó, remarcando que hoy el sector sobrevive “remando en dulce de leche”.