El gobierno provincial definió que, para el cálculo de los haberes de octubre de activos y pasivos estatales, se computarán quince días de septiembre con el viejo régimen previsional y los restantes con la nueva ley aprobada el 12 de septiembre en la Legislatura. De esta forma, los aportes jubilatorios tendrán, por única vez, dos procedimientos en su liquidación.

La aprobación de la ley mantiene abiertos dos frentes de conflicto además de la resistencia gremial. Por un lado, legisladores del PJ que denuncian irregularidades en el procedimiento pidieron la versión taquigráfica de la reunión parlamentaria. Por otro, se dio inicio al planteo judicial del bloque opositor de la Cámara de Diputados Somos Vida, que solicitó una medida cautelar para dejar sin efecto la ley 14.583.

La misma quedó en manos de la jueza Civil y Comercial Nº 10, Romina Kilgelmann, quien corrió traslado a la provincia de Santa Fe para que comparezca. De esta manera la jueza, al momento, no dictó la medida cautelar a fin de mitigar el daño que, según el bloque Somos Vida, se está produciendo. Mientras, la ley está vigente. La Fiscalía de Estado prepara la respuesta para la próxima semana.

La reforma previsional
Con la reforma previsional el gobierno provincial busca un nuevo régimen jubilatorio para todos los agentes estatales, y de esta manera reducir entre un 20% y 30% el déficit del organismo que, proyectado para 2024, es de 430.000 millones de pesos.

«Tenemos que corregir distorsiones para lograr equilibrar la Caja. Lamento que durante los meses que se estuvo debatiendo la situación de la Caja se haya mentido tanto. Van a pagar mas los que más ganan, no se va a recortar el 82% móvil, no se van a cambiar las edades. Lo que proyectamos es una Caja más eficiente», sostuvo el gobernador Maximiliano Pullaro sobre la reforma.

Entre los principales puntos se establece que el personal en actividad eleve su aporte de manera escalonada: actualmente todos aportan un 14 %, pero el proyecto propone que los aportes se incrementen en base a un nuevo cálculo que va del 15,5% al 21% dependiendo del ingreso percibido, es decir que quien más gana, más aporta, e incluye a todos los trabajadores y funcionarios de los tres poderes.

También se implementa un tope de haberes para los pasivos: actualmente hay beneficiarios que cobran un equivalente de hasta 32 jubilaciones mínimas, pero con este proyecto se aplica un tope por el cual nadie cobrará más de 20 jubilaciones mínimas.

La ley establece la Emergencia del Régimen Previsional de los empleados públicos y funcionarios. En el Artículo 2 establece un Aporte Solidario que los beneficiarios actuales y futuros de la Caja deben realizar sobre el total del beneficio que perciben. En el caso de pasivos, lo pagarán quienes perciban más de tres haberes mínimos y en forma ascendente del 2 al 6% para los beneficios superiores a 14 jubilaciones mínimas.

Respecto del personal en actividad, realizarán el aporte solidario durante 36 meses y por un equivalente a un 2,77 % del haber quienes ocupen un cargo de conducción política o de gabinete, y del Poder Judicial desde secretarios a jueces de todo tipo hasta ministros de la Corte. Este porcentaje se aportara en su totalidad por el mes septiembre, sin prorratearse.

Fuente: La Capital