Prestadores, choferes, profesionales en discapacidad motivan a una movilización para el jueves 5 a las 10:30 de la mañana frente al Ministerio de Salud de la Nación. La convocatoria, organizada inicialmente por transportistas y apoyada por el Foro de Discapacidad, surge ante la falta de respuesta del Gobierno y una situación financiera que los prestadores califican como «insostenible como nunca» tras más de 20 años de trabajo en el área.

El principal reclamo radica en el corte de la cadena de pagos por parte de los organismos estatales. Según denuncian los prestadores, la obra social Incluir Salud no realiza pagos desde principios de diciembre, adeudando facturaciones correspondientes a agosto y septiembre del año pasado. A esto se suma PAMI, que arrastra dos meses de morosidad, e IAPOS, que solo abona el 60% del arancel de ley; el 40% restante, que debe facturarse por separado, no se paga desde abril de 2025.

Esta asfixia financiera se ve agravada por un desfasaje arancelario que los trabajadores del sector estiman en más de un 100% de atraso desde 2023. Frente a esta realidad, el reciente aumento del 5,8% otorgado por el Gobierno es considerado insuficiente para cubrir los costos operativos mínimos.

La crisis no es solo económica, sino que afecta la operatividad diaria de los centros de día. Los prestadores denuncian una presión administrativa y auditorías constantes que derivan en el envío de cartas documento si las instituciones cierran, incluso para realizar tareas de evaluación interdisciplinaria de los pacientes.

«Llegó un punto donde ya no tenés más saldos de crédito ni con qué pagar los préstamos que fuiste sacando para sostener la institución», expresó Marina Marín Directora del Centro de Día Integrar, quien señaló que ya no pueden cubrir ni siquiera los sueldos de los profesionales. El impacto emocional es profundo, con trabajadores que manifiestan sentimientos de «tristeza e indignación» ante la posibilidad de dejar a decenas de concurrentes sin tratamiento.

El reclamo también alcanza la falta de políticas públicas integrales. En localidades como en nuestra ciudad, se denuncia el incumplimiento de promesas sobre infraestructura básica, como la instalación de rampas y sillas en piletas inclusivas, lo que constituye una vulneración más a los derechos de las personas con discapacidad.

Además, se advierte sobre la escasez de vacantes en hogares permanentes en Santa Fe, obligando a las familias a buscar plazas en otras provincias como Entre Ríos o Córdoba. Ante este escenario, los prestadores exigen que el Estado deje de ver a la discapacidad como «simples números» y garantice el cumplimiento de la Ley de Emergencia para evitar el colapso definitivo del sistema.