El veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario dividió casi en partes iguales a los diputados y diputadas nacionales por Santa Fe. Diez votaron a favor de insistir con la ley original y nueve se alinearon con el gobierno nacional.

Se pronunciaron a favor de la norma rechazada por el Poder Ejecutivo los seis legisladores de Unión por la Patria, los dos de la Unión Cívica Radical y los dos del Partido Socialista, integrantes del bloque Encuentro Federal.

En tanto, votaron en contra de la ley y a favor del veto los seis del PRO y los tres de La Libertad Avanza.

Nadie se desmarcó de su bloque. Fue un resultado calcado al que se registró el 11 de septiembre, cuando la Cámara de Diputados sostuvo el veto de Milei a la ley que establecía una recomposición de los haberes de los jubilados.

Como en aquella oportunidad, se manifestaron en contra del veto Germán Martínez, Florencia Carignano, Eduardo Toniolli, Magalí Mastaler, Diego Giuliano y Roberto Mirabella, por Unión por la Patria; Mario Barletta y Melina Giorgi, por la UCR, y Mónica Fein y Esteban Paulón, por el PS.

Acompañaron al gobierno Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas, Alejandro Bongiovanni, José Núñez, Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini, del PRO, y Romina Diez, Nicolás Mayoraz y Rocío Bonacci, de La Libertad Avanza.

Mayoría insuficiente
En la sesión de este miércoles, 159 diputados votaron a favor de insistir con el proyecto para aumentar el presupuesto de las universidades nacionales, mientras que 85 votaron en contra y cinco se abstuvieron.

Si bien los partidarios de la ley original fueron mayoría, no alcanzaron los dos tercios de los presentes. De esta forma, quedó firme el veto de Javier Milei y el Congreso no podrá insistir con el tema durante las sesiones de este año.

La posición de Javier Milei
Más temprano, Milei defendió el veto a la norma. “El aumento para esas instituciones sería, en el fondo, ceder a las viejas políticas donde se ignora la restricción de presupuesto”, dijo en el discurso de apertura de la XXXV Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina (Ceal).

Milei consideró que el reclamo “es un eufemismo del curro de tres o cuatro delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselo a los alumnos y a profesores”.

En ese sentido, planteó que aplicar la fórmula de actualización presupuestaria que establecía la norma rechazada “implicaría volver al riesgo país que teníamos en el kirchnerismo, se perdería un tercio del PBI”.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la norma tenía un costo fiscal de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI.

Fuente: La Capital