La situación del transporte interurbano en la provincia de Santa Fe atraviesa un momento crítico, marcado por la quita de subsidios nacionales, la decisión de algunas empresas de reducir sus servicios y el aumento de la tarifa de los interurbanos.

El Gobierno de Santa Fe oficializó este miércoles el incremento del boleto de colectivo interurbano. A través del Decreto N° 710/2026, el Ejecutivo habilitó una suba del 30,57% en el cuadro tarifario, que comenzó a regir desde la publicación en el Boletín Oficial.

En entrevista con “Un Buen Día” por CDG24 Radio, Jorge Henn, subsecretario de Transporte de la provincia, describió un panorama de profunda inequidad federal, donde un ciudadano santafesino puede llegar a pagar un 300% más que un habitante del AMBA por recorrer la misma distancia.

El eje central del conflicto radica en la distribución de los recursos recaudados a través del impuesto a los combustibles. Según Henn, los santafesinos aportan aproximadamente $ 700.000 millones a la Nación, pero existe una brecha de $ 573.000 millones entre lo que la provincia entrega y lo que finalmente recibe de vuelta.

«No siempre es una falta de recursos, sino una falta de federalismo en la distribución», afirmó el funcionario, señalando que mientras el AMBA continúa recibiendo aportes importantes, para Santa Fe ese número es prácticamente «cero» en ciertos rubros. Esta situación obliga a la provincia a sostener con recursos propios programas clave como el Boleto Educativo, que busca garantizar la trayectoria de vida de los estudiantes.

La crisis ya se hace sentir en localidades como Cañada de Gómez y Totoras, donde empresas como Güemes han eliminado frecuencias, afectando drásticamente la conectividad y a los estudiantes de los polos educativos de la zona. Ante esto, Henn fue tajante: «Las empresas no pueden suspender los servicios de manera unilateral».

El subsecretario explicó que, si bien se pueden analizar situaciones de coyuntura o restricciones en horarios de muy bajo impacto, como las 5 de la madrugada, cualquier cambio debe ser autorizado y regulado por el Estado. «Los controles se están haciendo, es el Estado el que autoriza y el que tiene que involucrarse», remarcó.

A pesar de que el gobierno provincial mantiene canales de diálogo abiertos, Henn manifestó su percepción personal de que existe un «retiro mayor de la Nación» del sistema de transporte. Frente a este escenario, la provincia apuesta a optimizar los recursos existentes y a seguir reclamando lo que legalmente le corresponde por coparticipación para evitar que el sistema colapse y afecte aún más el bolsillo de los usuarios.

«Estamos reconociendo la complejidad del tema y generando todos los días acciones concretas para darle respuesta al ciudadano», concluyó el funcionario, reafirmando el compromiso de defender tanto a los usuarios como a las arcas provinciales ante la crisis logística y tarifaria.