La familia policial de la región alzó la voz para visibilizar una crisis que, según denuncian, el Gobierno provincial intenta «tapar» con medidas parciales. Esta convocatoria tuvo lugar en la tarde del viernes frente a la URX donde familiares, policías retirados y vecinos apoyaron la situación que padece el personal policial. 

Leonardo Córdoba, personal retirado de la fuerza, señaló que la seguridad no se garantiza únicamente con móviles. «El personal policial no son máquinas, no son robots y no pueden trabajar las 24 horas del día permanentemente», afirmó, detallando que tras cumplir guardias de 12 o 24 horas, los efectivos se ven obligados a realizar servicios adicionales para subsistir.

Según Córdoba, el pago de los adicionales es magro y muchos agentes deben recurrir a trabajos externos como albañilería o cortar pasto para llegar a fin de mes, lo que les impide dedicarse enteramente a su vocación. Actualmente, un policía que realiza horas extra (horas OSPE) durante la tarde o noche percibe apenas $5.000 la hora, una cifra que consideran insuficiente para el riesgo que implica.

Uno de los momentos más duros del testimonio fue la referencia al decaimiento físico y mental de los efectivos. Córdoba recordó con dolor la decision que tomó un compañero en Cañada de Gómez el año pasado cuando se quitó la vida. El referente advirtió que no quieren que se repitan estos hechos, subrayando que los policías son «personas humanas que realmente valen».

El reclamo también apunta a la gestión del Ministro de Seguridad, a quien acusan de aplicar políticas que «dividen a la policía». Córdoba explicó que el gobierno ha implementado «sobresueldos» o plus salariales sectorizados que excluyen a zonas como Cañada de Gómez por considerar que «no son ciudades importantes».

«Quieren dividir a la policía para que ellos puedan seguir estando cómodos y tapando pozos a medida que vayan caminando», sentenció Córdoba, insistiendo en que lo que se solicita es un aumento de sueldo general para todos los activos, además de mejoras en el valor de los adicionales.

A pesar del malestar, Córdoba aclaró que no se trata de una medida de fuerza que afecte la seguridad, sino de una «manifestación pacífica». «Los patrulleros siguen en la calle, la seguridad se sigue brindando», aseguró, explicando que el objetivo es que la ciudadanía comprenda que las falencias del servicio no son responsabilidad de los agentes, sino de las autoridades que los gobiernan.

De no recibir respuestas satisfactorias por parte del gobernador o el ministro, los manifestantes advirtieron que las jornadas de protesta volverán a repetirse en los próximos días.