Hace aproximadamente un mes, la asociación Mutual del Sport Club Cañadense denunció penalmente, a través de los Abogados Marcelo Bertoya y Franco Gambetta, a parte de la familia Macchi por una presunta estafa millonaria.
Marcelo Bertoya, en comunicación con «La Bisagra» por CNN Radio Cañada de Gómez, explicó: «Estamos representando a la Mutual del Sport Club Cañadense, al día de hoy hay tres denuncias penales. Nosotros hicimos la denuncia en Junio en la Fiscalía de Cañada de Gómez y durante la feria lo remitieron a Delitos Económicos y Complejos de la ciudad de Rosario donde hoy la Fiscal que está investigando es la Dra. Granato».
Las otras dos denuncias serían por parte de Metal Del Blanco S.R.L, de San Jerónimo, y Acopio Montes de Oca S.R.L. Tal como relata el Dr. Bertoya, en un principio las denuncias estaban en jurisdicción de la sede de Fiscalía en Cañada de Gómez, pero ya fueron remitidas a Jurisdicción Rosario, a la Unidad de Delitos Económicos y Complejos y asignadas a la fiscal María Teresa Granato.
«Lo que nosotros denunciamos es la posible comisión de un Delito de Estafa a través de varias empresas y donde se vio afectada la Mutual; la denuncia se tuvo que hacer para que los daños a la Mutual pudieran ser controlados y que no pasara a mayores. Pedimos una serie de medidas, como allanamientos para poder recuperar la documentación, pero el MPA de Cañada de Gómez no hizo ninguna de las medidas solicitadas, ahora la Dra. Granato está realizando otras medidas. También solicitamos ser querellantes en la causa y que se realice la audiencia imputativa».
En cuanto a la denuncia en sí, el abogado expresó: «Nosotros creemos que había un grupo económico, conformado por un conglomerado de empresas, donde están siempre las mismas personas». Según explicó, el mecanismo habría sido el de brindar cheques propios y tomar de terceros, esos dárselos a proveedores o los bancos. Luego los cheques de las empresas comenzaron a rebotar y los cheques de terceros fueron siendo cobrados. «Denunciamos por estafa, se hicieron audiencias para evitar que los cheques produzcan un doble daño».
El Dr. Bertoya también se refirió a una aparente solvencia financiera que habría influido para que las empresas pudieran pedir dinero a distintas entidades financieras. Los bancos dieron a las distintas empresas denunciadas millones de pesos en créditos y eso según los denunciantes les brindaba una aparente solvencia financiera que utilizaban para tomar más créditos y compromisos. «Es una solvencia que no existe, que fue fabricada, ¿Qué estuvieron haciendo los bancos todo este tiempo?, hasta la semana pasada entrabas al Banco Central y figuraban en Situación 1, es decir, cumplimiento estricto de las obligaciones», apuntó Bertoya.
Este caso preocupa no sólo a entidades financieras de la región, sino también a empresas de todo tipo que están dentro de la cadena de pagos en donde los cheques en cuestión están circulando, con vencimientos aparentemente hasta el mes de diciembre o un poco más incluso. En ese sentido el Dr. Bertoya destacó: «yo creo que va haber más denuncias, hay que ver en qué situación está cada uno parado, porque hay gente que llevaba dinero y sacaba un cheque, esa gente lamentablemente no va a poder hacer nada. El MPA debería de actuar en consecuencia y estar a la altura de las circunstancias, el daño que se le puede provocar a la comunidad es mucho porque hay mucha gente de Cañada de Gómez que está siendo desamparada, obviamente mas allá de los daños a las entidades bancarias, financieras y mutuales».
Quizás lo que más preocupa es la situación de los particulares que podrían ser afectados por todo esto, incluyendo los empleados de las empresas en cuestión en caso de que no reciban el cobro de sus sueldos o si las empresas declararan la quiebra. «El tema acá es la cantidad de particulares que están desamparados y trabajadores que están trabajando sin saber si van a cobrar sus sueldos», expresaba Bertoya.
Finalmente, el letrado se mostró preocupado por el impacto social que puede tener este caso en una comunidad como Cañada de Gómez, y como sería necesario el accionar político y judicial para resguardar a las personas que podrían salir perjudicadas en consecuencia. «La justicia no hizo nada, la empresa sigue operando; el poder judicial no esta defendiendo al ciudadano, tampoco el poder político, porque esto es un problema social. Nosotros hicimos una denuncia defendiendo los intereses de la Mutual pero acá nadie esta defendiendo los intereses de la ciudad», finalizó.
