El hecho grave, habría sucedido en la Unidad Regional XI en Esperanza, y está siendo investigado por el fiscal Ezequiel Hernández, del MPA de Santa Fe. Mientras tanto una empleada policial fue pasada a disponibilidad y se le formó causa judicial por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Todo comenzó con una disputa entre dos reclusos alojados en los calabozos de la Comisaría Primera, situada en calle Pueyrredón. Durante una requisa, el personal policial encontró un celular con contenido sexual explícito, en el que uno de los protagonistas era un recluso. La mujer que lo acompañaba en el video “se parecía mucho” a una joven policía que trabaja en la misma comisaría, y el lugar donde se registraron las imágenes era, efectivamente, el propio calabozo.

Tras el hallazgo, los empleados informaron a las autoridades de la Unidad Regional XI. La directora de Policía, Roxana Eletti, ordenó el inicio inmediato de actuaciones por parte de la División Judiciales. A las pocas horas, se comunicaron las novedades a la Unidad Especial de Delitos Complejos y al área de Violencia Institucional, a cargo del doctor Ezequiel Hernández.

Se tomaron varias medidas, entre ellas, la separación y traslado de dos reclusos. Sin embargo, la mayor consecuencia recaerá sobre la oficial involucrada, quien confundió sus roles y obligaciones, permitiéndose una relación íntima con un preso en el calabozo. Una alta fuente del Ministerio de Seguridad confirmó que tanto el frente judicial como el interno conllevarán actuaciones administrativas.

La rápida respuesta de los uniformados que encontraron el material comprometedor y las acciones de las máximas autoridades de la Unidad Regional XI han sido destacadas. Las investigaciones buscan determinar qué rol tuvo cada miembro del personal durante el incidente y si hubo complicidad o negligencia por parte de otros uniformados.

Este escándalo ha generado cuestionamientos sobre la vigilancia en la comisaría y sus protocolos de seguridad. Se prevén posibles traslados y dificultades para ascender en el futuro para aquellos que no cumplieron con su deber de supervisión.

Finalmente desde el MPA confirmaron que una empleada policial fue pasada a disponibilidad y se le formó causa judicial por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de una causa que lleva adelante el fiscal Ezequiel Hernández, del MPA de Santa Fe.

Secuestraron teléfonos celulares, entre ellos uno que la empleada le habría proporcionado a un detenido en la Comisaría 1ª de la Unidad Regional XI de Esperanza. Testimonios aportados a la investigación dan cuenta que mantendrían una relación sentimental, lo que deberá acreditarse o no por parte del fiscal.

Además, hay dos policías pasados a disponibilidad, mientras todo se investiga.