En una reciente emisión del programa “Alma Rural” por CDG24 Radio, la Veterinaria Leila Coiutti analizó los profundos cambios que atraviesa el Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa. Sus aportes desde la práctica profesional se complementan con la reciente Resolución 201 del Senasa, que oficializa una flexibilización histórica en el sistema de vacunación en Argentina.

Libertad de elección y el fin de la exclusividad de las fundaciones

A partir del 1° de enero de 2027, los productores ganaderos podrán elegir libremente a veterinarios privados acreditados para aplicar las vacunas, rompiendo con el esquema actual donde la tarea está centralizada en fundaciones o entes sanitarios locales. 

Coiutti explicó que, si bien el cambio es para 2027, ya en 2026 habrá modificaciones en los rangos de animales a vacunar durante la segunda campaña anual. La profesional advirtió que la transición no será sencilla: «fue un cambio muy brusco», señaló, refiriéndose a las marchas y contramarchas normativas que afectaron incluso a los feedlots durante la presente campaña.

Nuevas responsabilidades para el veterinario privado

La desregulación, impulsada en el marco de un proceso de simplificación administrativa del Gobierno Nacional, traslada responsabilidades críticas de las fundaciones a los profesionales particulares. Entre las obligaciones que deberán asumir los veterinarios se encuentran:

• Gestión de la cadena de frío: El profesional será el responsable total de la conservación de las vacunas desde la compra hasta su aplicación.
• Carga de datos: Deberán registrar las actas de vacunación en el sistema oficial SIGSA en un plazo no mayor a siete días corridos.
• Acreditación: Es obligatorio estar habilitado por Senasa tanto para el programa de aftosa como para el de brucelosis.

Leila enfatizó que esta carga administrativa y el riesgo que conlleva (como enfrentar cortes de luz que afecten la refrigeración) son factores que el profesional «tiene que cobrar como honorario». Actualmente, el costo de la vacuna ronda los 4.000 pesos, con honorarios veterinarios de aproximadamente 1.500 pesos.

El impacto económico y la operatividad

Aunque la intención de la norma es ampliar la libertad de acción y mejorar la operatividad, Coiutti planteó dudas sobre si esto resultará efectivamente en un menor costo para el productor. «No sabemos si al veterinario le va a sumar costos que hoy tiene la fundación», reflexionó en radio, recordando que los entes sanitarios actualmente diluyen sus costos fijos según la cantidad de cabezas de ganado de cada departamento.

Por otro lado, el Gobierno también busca liberar la comercialización de la vacuna, habiendo habilitado recientemente el ingreso de nuevos laboratorios y vacunas de origen brasileño para fomentar la competencia.

El camino a la implementación

Para los productores que deseen optar por este nuevo modelo privado en 2027, deberán informar su decisión al Senasa vía autogestión con al menos 30 días de antelación al inicio de la campaña. De lo contrario, el sistema los mantendrá asociados por defecto a su ente sanitario local.

Finalmente, Coiutti comparó esta transición con la del caravaneo electrónico, señalando que, aunque inicialmente hubo resistencia, hoy los productores tienen una mejor recepción al ver los beneficios de la administración de datos para sus establecimientos. La clave, según la profesional, seguirá siendo el rol del veterinario como gestor de información y garante de la sanidad animal.