El viernes 30 de octubre en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez, se llevó adelante audiencia imputativa en libertad a la identificada como F.F., M.A.F. y el identificado como H.C. por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública en calidad de coautores.

El Juez de Primera Instancia Álvaro Campos tuvo por admitida la calificación haciendo lugar a las medidas alternativas acordadas entre la Fiscalía y Defensa, disponiendo por el término de noventa días con vencimiento en fecha 29/01/2027; 1) fijar domicilio que no podrán mudar sin autorización judicial previa. 2) obligación de firma mensual ante Oficina de Gestión Judicial; 3. prohibición de salida del país sin autorización judicial; 4. prohibición de ingreso a la dependencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la municipalidad de Cañada de Gómez.

El Fiscal Santiago Tosco le atribuye a F.F en el periodo comprendido entre los meses de noviembre del año 2025 y junio del año 2026, haber defraudado en forma continuada a la Administración Pública Municipal y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Municipalidad de Cañada de Gómez, a través de una administración infiel e irregular de los fondos públicos que le fueron confiados en virtud de su cargo como Encargada de la Caja de Jubilaciones Municipal de Cañada de Gómez haciendo provecho de su función jerárquica de control final sobre la carga de los datos enviados, para proceder al pago de haberes previsionales haber ejecutado e ingresado en reiteradas oportunidades maniobras de desvío de dinero desde la cuenta corriente institucional de la Municipalidad del Banco Credicoop destinada al pago de prestaciones- hacia su cuenta bancaria personal; acreditándose ilegítimamente la suma total preliminar de $25.319.467,34, produciendo el desvío de fondos mediante la consignación falsa de transferencias a nombre de beneficiarios fallecidos y/o, inexistentes y hacia terceros ajenos al sistema previsional; habiendo realizado en forma deliberada y en violación de sus deberes de empleada pública, encabezando la maniobra y contando con la colaboración coordinada  de H.C., empleado municipal y de M.A.F., empleada administrativa. De esta manera causaron un grave perjuicio patrimonial a las arcas del Municipio de Cañada de Gómez y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

A M.A.F se le achaca en el periodo comprendido enero y junio del año 2026, en la ciudad de Cañada de Gómez, haber participado en la defraudación a la administración pública y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal, haciendo provecho de su función específica como empleada administrativa en la que laboraba conjuntamente con la Encargada de la Caja, F.F.; en ese contexto colaboró activamente en la alteración del proceso de liquidación de haberes previsionales para lograr la transferencia irrogada de fondos públicos desde la cuenta institucional de la Municipalidad de Cañada de Gómez del Banco Credicoop hacia su cuenta bancaria personal, registrando la acreditación indebida de un total preliminar de $24.647.169,02 asignados bajo la falsa apariencia de pagos a terceros beneficiarios de haberes previsionales; actuando de manera coordinada con los restantes imputados, omitiendo el cumplimiento de las obligaciones a su cargo y violando sus deberes de empleada pública, generando un perjuicio económico directo al erario municipal y obteniendo un provecho indebido.

A H.C. se le atribuye en el periodo comprendido entre noviembre del año 2025 y junio del año 2026, en la ciudad de Cañada de Gómez, haber participado en la defraudación ejecutada en perjuicio de la Municipalidad de Cañada de Gómez y la Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal, haciendo provecho de su condición de empleado municipal y de su vínculo personal  con F.F. en ese marco haber integrado la estructura organizativa destinada al desvío reiterado de fondos públicos mediante acreditaciones bancarias efectuadas desde la cuenta institucional de la Municipalidad de Cañada de Gómez del Banco Credicoop hacia su cuenta bancaria personal, acumulando un importe total preliminar de $27.040.079, sin contar con ningún respaldo ni justificación documental dentro del padrón previsional; habiendo actuado en forma concertada con las restantes imputadas provocando un perjuicio patrimonial al estado municipal e incrementando indebidamente su patrimonio.