La causa por el homicidio del suboficial Eduardo Damián López, ocurrido el domingo 28 de junio de 2026, alrededor de las 17:30, al término del encuentro disputado entre los clubes Cremería de Carcarañá y Sportivo Las Parejas por la final de la Liga Cañadense de Fútbol, continúa su curso en el marco de las investigaciones correspondientes. 

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), tras la consagración del equipo visitante, un grupo de entre 15 y 20 simpatizantes locales comenzó a agredir con piedras y elementos contundentes a seis efectivos policiales apostados en el sector de estacionamiento. La situación escaló cuando decenas de hinchas traspasaron el tejido perimetral y rodearon a los uniformados. En medio del tumulto, la víctima fue atacada por la espalda.

Según la imputación del fiscal, J.C.Z. tomó una barra de hierro de construcción de casi un metro de longitud y la clavó en la base posterior del cráneo de López. Acto seguido, A.A. habría tomado el mismo elemento para empujarlo en sentido ascendente, profundizando la lesión dentro de la cavidad craneal. López cayó al suelo sufriendo convulsiones y fue derivado inicialmente al SAMCo de Carcarañá. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde falleció al día siguiente debido a la gravedad de las heridas.

En audiencia imputativa que se llevo adelante el viernes 3 de julio en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez, el Juez de primera instancia, Dr. Guillermo Lanfranco Parí, había dictado prisión preventiva por el plazo de 120 días para ambos imputados, acusados como coautores de homicidio calificado.

A más de dos meses del hecho, la situación procesal de los dos hombres sufrió un giro. En una nueva audiencia celebrada en los Tribunales de Cañada de Gómez, el juez le concedió el cese de la prisión preventiva efectiva a uno de los imputados, A.A.

La resolución judicial estableció que fije domicilio en la vivienda de su madre en Carcarañá, con prohibición de salir de dicha localidad salvo para presentarse a firmar en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). Asimismo, se le impuso una fianza económica de dos millones de pesos y la restricción absoluta de mantener contacto con los testigos de la causa.

Esta decisión dejó diferenciada la situación procesal de los dos implicados. A comienzos de agosto, el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Miguel Moreno, había ratificado la prisión preventiva efectiva de J.C.Z por el plazo de 120 días, por lo que este último continuará alojado en un establecimiento penitenciario.

Tras conocerse el fallo, el fiscal a cargo de la investigación, Dr. Juan Pablo Baños, dialogó en el programa de streaming Un Buen Día por CDG24 y ofreció detalles sobre la postura del MPA frente a la resolución. Según Baños, el juez aplicó una exigencia probatoria desmedida antes de cumplirse el plazo originalmente fijado en la audiencia imputativa del 3 de julio.

El fiscal fundamentó su postura manifestando la contradicción procesal en la que, a su criterio, incurrió el tribunal:

“Nosotros entendíamos que el juez se apresuró en estos dos meses y que se contradijo con su resolución anterior que nos dio cuatro meses, porque nosotros habíamos avanzado en la investigación en dos meses… En estos primeros dos meses tratamos de despejar las dudas que tenía la defensa sobre el personal policial que sindicó a los autores del hecho. Creo que estábamos mejor, despejamos dudas, confirmamos con testigos de contexto cuando el personal policial develó a sus compañeros los posibles autores. Bueno, teníamos que avanzar. Para eso teníamos dos meses más”.

Al analizar los argumentos expuestos durante la audiencia de revisión, Baños aclaró que la defensa no presentó pruebas que desvinculen al imputado, sino que el juez modificó la medida cautelar al no sumar nuevos testimonios civiles que ratifiquen lo declarado por el agente policial de la comisaría local que presenció el ataque:

“El código permite a los defensores, si entienden que hay nuevas evidencias que desincriminan a su defendido, pueden plantear esta audiencia. Nosotros entendemos que no había nuevas evidencias y lo que entendemos que el juez resolvió, según lo que hemos escuchado en la audiencia, que al no haber más testigos que corroboren lo que mencionó el policía, otorgó la libertad”.

Asimismo, el fiscal defendió la plena validez y credibilidad de la declaración testimonial aportada por el efectivo policial en la causa:

“Hasta el momento no hay nuevos testigos que confirmen lo expuesto por el personal policial de la comisaría, pero nos dio 4 meses… Tampoco hay por qué desconfiar del testimonio del personal policial. Hemos probado que no tenía ningún motivo previo con alguno de ellos, hemos probado cómo se lo comentó a su compañero esa misma tarde que ocurrió el hecho. Es decir, la valoración de los testimonios tiene varias reglas que hay que analizar y entendemos que se apresuró el juez en ese sentido de a los dos meses tener ese nivel de exigencia a la fiscalía”.

Respecto de las acciones a seguir, Baños confirmó que la resolución será apelada y remarcó la provisoriedad de las medidas cautelares en el proceso penal:

“Nosotros tenemos dos maneras para avanzar. Ahora la más urgente es apelar la decisión del juez de primera instancia, por supuesto, por esto que dije que es apresurado y contradictorio según nuestro entendimiento. Pero además, si logramos conseguir nuevos elementos que incriminen a esta persona, también podemos pedir la audiencia de revisión de cautelar y tratar de convencer al juez para que revoque la medida que dio, porque esta medida siempre es provisional”.

El otorgamiento de la prisión domiciliaria a uno de los imputados generó malestar e impotencia en el entorno familiar del suboficial López. Durante la entrevista en Un Buen Día, el fiscal Baños hizo referencia al impacto del fallo en sus allegados:

“Estuve reunido con una de las hermanas de Damián y la mamá y ayer en la audiencia estuve junto al papá. Están dolidos… sobre todo dolidos, lo cual es lógico porque ellos están atravesados por un dolor inmenso”.

Por su parte, Bianca, pareja de López, manifestó públicamente su reclamo a través de redes sociales para instar a los vecinos que presenciaron el ataque a romper el silencio y aportar datos a la causa: “Hay personas que estuvieron ahí, personas que saben, personas que vieron. Por favor, si viste, escuchaste o sabés algo sobre lo que ocurrió ese día, hablá. Él ya no puede hablar, no puede contar su versión, ni pedir justicia él mismo, nosotros tenemos que hablar por él”.

Mantenimiento de la investigación y recompensa de 25 millones de pesos

La hipótesis del Ministerio Público de la Acusación no se agota en los dos imputados iniciales, sino que mantiene abierta la investigación sobre la totalidad del grupo de personas que participó de la agresión colectiva contra el personal policial.

En relación con la retracción comunitaria para aportar datos, el fiscal Baños reconoció que “se ha presentado mucha menos gente de lo que nosotros esperábamos a través de la difusión de la recompensa”.

Con el objetivo de incentivar la recolección de pruebas, registros fotográficos o videos del hecho, el Gobierno provincial y el MPA mantienen vigente la oferta de una recompensa de 25 millones de pesos para quien aporte información relevante sobre los autores o partícipes del crimen.

Quienes dispongan de datos pueden comunicarse bajo reserva de identidad enviando un correo electrónico a la casilla oficial del organismo o escribiendo vía mensaje directo a las redes sociales de la Fiscalía. A partir de ese primer contacto, el equipo fiscal coordina una entrevista confidencial para evaluar los elementos brindados y avanzar en la causa.

Todo aquel que pueda aportar datos tendrá la reserva del caso y puede comunicarse al 911, al mail recompensas@mpa.santafe.gov.ar , a las redes sociales de Fiscalía Regional 2, presentarse en el Centro de Justicia, sita en calle Sarmiento 2850 de Rosario; como así también en cualquier sede de Fiscalias Regionales de la Provincia de Santa Fe (Fiscalía Ciudad de Santa Fe sita en Av. General E. López N°3302, Fiscalía en Venado Tuerto, sita en calle Alvear N°675, Fiscalía en Reconquista, sita en calle Iriondo N°553, Fiscalía en Rafaela, sita en calle Necochea N°44).