En el marco del proceso de modernización y digitalización de la justicia penal en la provincia de Santa Fe, el Distrito Judicial N.° 6 con sede en la ciudad de Cañada de Gómez se prepara para dar un paso fundamental. El próximo lunes 24 de agosto comenzará a utilizarse el Sistema Plataforma Alberdi. Este nuevo sistema informático de gestión, que tuvo su debut provincial en San Lorenzo en el mes de abril de este año, proviene de un desarrollo de la justicia de Tucumán cedido de manera gratuita y promete una transformación de fondo. Para profundizar sobre los alcances de esta implementación, el impacto en la ciudadanía, los desafíos institucionales de la justicia y la problemática de la inseguridad, dialogamos con el Dr. Daniel Erbetta, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
—¿Qué cambios percibirá la ciudadanía con la llegada de la Plataforma Alberdi y de qué manera se agilizarán los procesos judiciales?
—Este sistema implica transparentar completamente el funcionamiento del sistema de justicia penal en la provincia de Santa Fe. Hemos comenzado por el Anillo de Rosario y ahora estamos realizando una contratación por un año de recursos humanos con distintos perfiles para poder acelerar la implementación en todo el territorio provincial. Para el ciudadano, que es el verdadero destinatario del servicio de justicia, el sistema representa, en primer lugar, «la posibilidad de poder acceder de manera gratuita, sin ningún código, totalmente con un sistema abierto, al funcionamiento del sistema de justicia penal y a las audiencias que se realizan diariamente». Asimismo, representa «la optimización de recursos por parte del sistema de justicia penal y, por lo tanto, esto se traduce en una mayor capacidad de respuesta y en una mayor celeridad en todo lo que es el gerenciamiento y la fijación de audiencias».
Una de las ventajas enormes de la Plataforma Alberdi es que cuenta con una producción de datos de gobernanza actualizados a las 0 horas del día anterior, de modo que «cualquiera de nosotros puede visualizar el funcionamiento y la capacidad de rendimiento del sistema de justicia penal a las 0 horas de ayer con solo ingresar a través de un teléfono o una computadora». Esto nos permite medir con precisión la trazabilidad de cada caso, algo que hasta hoy era imposible de realizar. Antes sabíamos cuántos casos ingresaban en un año y cuántos se resolvían al año siguiente, pero los resueltos no necesariamente correspondían a los ingresados en ese período. Con esta plataforma podemos seguir la trazabilidad individual, medir las horas de audiencia por juez y por tipo de trámite a las 0 horas del día anterior, lo cual constituye «un insumo extraordinario, que es información de buena calidad como fundamento para la toma de decisiones por parte de quienes debemos tomar decisiones para mejorar, fortalecer lugares donde hay debilidades y corregir malos funcionamientos».
Por otro lado, esto funciona como un control de gestión en el mejor de los sentidos. Aunque la comparación no sea la más grata, es una suerte de «Gran Hermano» porque transparentamos y mostramos públicamente el funcionamiento de la justicia penal a todos los operadores y a la sociedad en su conjunto. Esto se complementa con un logro presupuestario muy importante: tras conocer la plataforma en Tucumán en 2023, gestionamos su cesión gratuita. «Le hemos ahorrado a la provincia de Santa Fe y al presupuesto una suma millonaria, porque este desarrollo vale millones de dólares». Además, el Poder Judicial de Tucumán facilitó su propio personal para evaluar la viabilidad de la migración de datos y capacitar a nuestra gente sin costo alguno. Como contrapartida, estamos conformando un consorcio de provincias muy interesante junto a San Juan, Catamarca y Jujuy, al cual CABA está en tratativas de incorporarse. Al ser un sistema de código abierto, se genera una sinergia que permite retroalimentar y mejorar la plataforma permanentemente con el aporte de cada jurisdicción.
Esto marca un contraste histórico necesario. El sistema de justicia penal santafesino arrastraba una precarización tecnológica importante porque en la implementación del nuevo sistema penal se contrató un desarrollo informático que quedó inconcluso, apenas a un 30% de su capacidad. Habíamos logrado una gran transformación institucional y de los procesos de litigación, pero faltaba la transformación tecnológica. Ahora disponemos de ambas herramientas para evaluar empíricamente si la justicia se está aplicando correctamente y corregir lo que sea necesario, beneficiando tanto a los operadores del sistema como a la sociedad en general.
—Esto comenzó en San Lorenzo en el mes de abril y ahora continúa en Cañada de Gómez con la idea de extenderse a toda la provincia. ¿Este sistema está previsto únicamente para el fuero penal o hay planes de ampliarlo al ámbito civil en el futuro? Asimismo, ¿cómo viene funcionando la experiencia en San Lorenzo?
—San Lorenzo está funcionando de manera excelente. A los operadores del derecho y colegios profesionales interesados les sugerimos que vayan a verlo en persona. Antes se percibía cierta pesadumbre en los pasillos, pero hoy se ingresa a la Oficina de Gestión Judicial de San Lorenzo y la realidad es otra. Lo único que se observa en los escritorios son mesas con dos pantallas de computadora y un teléfono celular; «no hay siquiera un taco de papel porque está absolutamente digitalizado y centralizado toda la historia de la carpeta judicial en una sola interfaz digital». Todo el mundo interactúa bajo una misma interfaz. Por ejemplo, si ingresa un pedido de orden de allanamiento, el juez lo evalúa y con solo tocar un botón lo despacha o rechaza, aplicando al mismo tiempo la firma digital, notificando a las partes y cargando automáticamente el dato en el sistema. Hoy en la justicia civil o privada para realizar un trámite equivalente se requieren de cinco a siete pasos intermedios, lo que implica una pérdida de tiempo considerable y un enorme dispendio de recursos humanos.
Respecto a la primera pregunta, Santa Fe fue pionera a nivel nacional en materia civil y comercial con el sistema SISFE. Sin embargo, en tecnología de la información, el que arranca primero corre el riesgo de quedar rezagado si no toma decisiones estratégicas a tiempo, ya que los que inician después lo hacen con tecnología de punta. El SISFE quedó como un sistema con una gran capacidad de almacenamiento de datos, pero muy pesado y con pocas posibilidades de interacción. Como el SISFE es un avión en pleno vuelo que no podemos detener abruptamente, estamos tomando una decisión estratégica y desarrollando un sistema en paralelo para equiparar la justicia civil, comercial y laboral de la provincia con la transformación que hoy se está viviendo en el fuero penal.
—En un entorno completamente digitalizado, la seguridad de la información sensible es una preocupación central. ¿Cómo se contemplan las medidas de seguridad informática y el resguardo de estos datos en la plataforma?
—La plataforma cuenta con un sistema de seguridad sumamente robusto y notable, respaldado por una doble copia que previene cualquier pérdida de información ante eventuales inconvenientes informáticos. Es un desarrollo ampliamente probado y con un funcionamiento exitoso en Tucumán, provincia a la que debemos hacerle un reconocimiento muy destacado por este logro que hoy se está expandiendo a gran parte de la Argentina. Esto es sumamente valioso porque nos permite unificar patrones y criterios dentro del sistema acusatorio a nivel nacional, enriqueciendo la plataforma con los aportes de las distintas jurisdicciones.
En materia de seguridad, es oportuno aclarar que todavía no hemos incorporado la inteligencia artificial de manera directa, aunque estamos trabajando intensamente en esa línea con la gente de Tucumán, provincia que ya tiene operativas dos o tres plataformas desde hace seis meses. La inteligencia artificial ofrece enormes ventajas para sistematizar y gestionar grandes volúmenes de datos, pero requiere un uso extremadamente responsable debido a sus riesgos inherentes. Específicamente, exige la adquisición de plataformas de protección cerradas para evitar que la información de carácter sensible que manejan los tribunales se filtre y sea absorbida por los servidores de las tres o cuatro corporaciones multinacionales que hoy dominan este mercado tecnológico. Estas corporaciones obtienen una inmensa rentabilidad y poder de vigilancia alimentándose gratuitamente del flujo de datos que los usuarios les proporcionamos a diario a través de nuestros dispositivos móviles. Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en la justicia penal es un asunto complejo que demanda previsiones de seguridad muy específicas que deben ser debidamente licitadas y financiadas para blindar la confidencialidad de la información judicial. Estamos trabajando en esta nueva etapa, que representará una mejora cualitativa sustancial sobre lo que ya ofrece la Plataforma Alberdi.
—La tecnología es una herramienta de soporte, pero el factor humano es clave para su funcionamiento. ¿De qué manera se está abordando la capacitación de los operadores del derecho y qué grado de dificultad presenta la transición?
—Las capacitaciones son permanentes y, en la práctica, la adaptación de los operadores del sistema se produce con mucha facilidad. La Plataforma Alberdi es sumamente accesible, con una simplicidad y facilidad de uso que contrasta notoriamente con el sistema informático del fuero civil, que suele resultar bastante complejo. La exitosa experiencia de San Lorenzo es la prueba más contundente de esto: se trata de un distrito con una carga de trabajo importante y de cierta complejidad que ha implementado la plataforma sin ningún tipo de inconvenientes.
Nuestra meta es acelerar este despliegue a toda la provincia. Para lograrlo, y a diferencia del fuero federal o de otras dependencias judiciales que disponen de mayor flexibilidad de contratación, nosotros debemos manejarnos estrictamente con los cargos aprobados por presupuesto. Sin embargo, de manera excepcional, tenemos la facultad de realizar contrataciones para funciones no estrictamente judiciales, como es el soporte informático. En este sentido, hemos logrado convocar con recursos propios a una licitación para contratar a 15 profesionales con perfiles informáticos y de gestión muy específicos por un período de ocho meses. Este refuerzo de personal técnico nos permitirá culminar la implementación de la Plataforma Alberdi en todo el territorio provincial en dicho plazo. Considero que este será uno de los hitos más trascendentes para el Poder Judicial de Santa Fe en los últimos 20 o 25 años por el salto exponencial que representará en términos de rendimiento, transparencia y disponibilidad de información estadística de calidad en tiempo real para la toma de decisiones. Un administrador judicial no puede decidir a ciegas sobre relevamientos artesanales que tardan días en procesarse; este sistema me permite auditar el funcionamiento de la justicia con datos actualizados al día anterior.
—Este sistema parece apuntar también a un reclamo histórico de la sociedad respecto a la cercanía y los tiempos de resolución de la justicia. En su visión, ¿cuál es la principal exigencia que hoy la ciudadanía le hace al Poder Judicial?
—La sociedad exige hoy, fundamentalmente, una respuesta de calidad en un tiempo razonable, y la presencia de jueces que sean verdaderamente independientes e imparciales. Existe actualmente una marcada crisis de legitimidad que afecta tanto a la justicia como a la política en general. Aunque el funcionamiento judicial no es homogéneo en toda la provincia de Santa Fe y presenta diferencias territoriales muy marcadas, la percepción social crítica es una realidad cultural ineludible que los operadores de la justicia debemos asumir para diseñar estrategias que mejoren el servicio.
No obstante, considero indispensable recalcar que el desafío primordial no es de índole tecnológica, sino institucional y organizativo. «Si no cambiamos las matrices de organización, los procesos de trabajo y los modos de litigación, no tiene sentido invertir dinero en tecnología». En muchas provincias y en el ámbito de la justicia federal se han realizado cuantiosas inversiones tecnológicas que facilitan la labor del abogado desde su hogar, pero los juicios siguen demorando de cinco a ocho años porque la matriz procedimental sigue siendo ineficiente. En el fuero penal contamos con la ventaja de haber modificado estructuralmente los procesos de trabajo hacia un sistema acusatorio que ahora se verá notablemente potenciado con la incorporación de los juicios por jurados populares. El juicio por jurados no solo democratiza la justicia abriendo la participación a ciudadanos ajenos a la abogacía, sino que actúa como un enérgico antídoto contra las malas prácticas procesales.
Queremos replicar esta profunda transformación en los fueros civil, comercial y laboral de la provincia, avanzando hacia modelos basados en audiencias públicas y orales, e incluso contemplando jurados populares para grandes conflictos de consumo, ambientales o de discriminación. Debemos ser muy cuidadosos, porque «con la tecnología puedo terminar digitalizando la ineficiencia, y la verdad que eso no es ningún negocio, es una pérdida de plata». Es imperativo reformular un modelo de trámite civil y laboral obsoleto que heredamos prácticamente de la época colonial y que hoy dilata los pleitos de manera innecesaria por más de un año. La innovación tecnológica debe acompañar y potenciar, necesariamente, un cambio de fondo en la organización institucional.
—Pasando específicamente al ámbito penal, la ciudadanía asocia directamente este fuero con los problemas cotidianos de inseguridad. ¿Hasta qué punto la justicia penal tiene la capacidad de contrarrestar el delito y cómo se delimitan las responsabilidades de los distintos poderes del Estado?
—Es indispensable comprender que la prevención del delito y la seguridad ciudadana involucran responsabilidades compartidas entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero con roles marcadamente diferentes. El sistema de justicia penal interviene por definición una vez que el conflicto ya se ha producido, por lo que su capacidad de prevención es sumamente limitada. La experiencia empírica y las ciencias sociales demuestran que el mero endurecimiento de las penas —como ocurrió tras las reformas de las llamadas leyes Blumberg en 2004— no se traduce en una reducción de la criminalidad. Nuestro Código Penal ya cuenta con herramientas punitivas sumamente severas.
En el diseño del sistema acusatorio, el juez no investiga ni previene los delitos; su rol es el de un tercero imparcial que resuelve los planteos formulados por la Fiscalía y la Defensa. La definición de la política de persecución penal estratégica y el esclarecimiento de los hechos delictivos recaen sobre el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Sin embargo, persisten desafíos de coordinación: considero que los fiscales obtendrían mejores resultados si contaran con una fuerza policial de investigaciones que dependiera orgánicamente de ellos y no del Poder Ejecutivo.
Por su parte, la prevención primaria del delito corresponde fundamentalmente a las agencias del Poder Ejecutivo a través de políticas públicas de inclusión social, generación de empleo, educación y salud. En sociedades con menores niveles de desigualdad y mayor acceso a derechos básicos, la conflictividad social se reduce drásticamente. Asimismo, se requieren políticas de prevención situacional específicas a nivel municipal y provincial, que van desde el mejoramiento de la infraestructura urbana y la iluminación hasta la creación de centros de asistencia y espacios recreativos en los barrios. Reducir la inseguridad a una respuesta penal lineal es un error conceptual: la provincia de Santa Fe más que triplicó su población carcelaria en los últimos diez años, alcanzando un récord a nivel nacional, sin que ello haya solucionado la problemática de fondo. El sistema penal anterior era una estructura ineficiente que violaba garantías básicas y producía impunidad a nivel industrial. El sistema actual es una excelente herramienta que debemos aprender a utilizar de forma inteligente, pero no podemos depositar en la justicia penal la resolución de problemas estructurales que la exceden.
Además, es crucial advertir que el delito contemporáneo difiere sustancialmente del de hace unas décadas; hoy se estructura mayoritariamente en torno a economías delictivas con un claro fin de lucro y dimensiones financiero-económicas sumamente complejas. Fenómenos como el narcomenudeo, los desarmaderos y el mercado ilegal de telefonía móvil producen una enorme rentabilidad que posteriormente se canaliza a través de mecanismos de lavado de dinero en los sectores formales de la economía, algo sumamente visible en urbes como Rosario. Si no implementamos políticas rigurosas orientadas a asfixiar la estructura económica y financiera de estos mercados ilegales, no lograremos desarticularlos. La seguridad no se agota en combatir el delito callejero violento; requiere también enfocar la investigación criminal en aquellos actores que, vistiendo trajes y corbatas y operando sin violencia física, realizan aportes indispensables para el sostenimiento de este circuito delictivo.
—Para finalizar, ¿considera necesario impulsar nuevas reformas legislativas en materia penal para la provincia de Santa Fe?
—No considero que el sistema penal requiera nuevas reformas de fondo; por el contrario, estimo que «tenemos un sistema que ya no soportaría más retoques». Los sistemas procesales deben dejarse funcionar y ser evaluados con indicadores técnicos sumamente precisos antes de proyectar modificaciones sustanciales. Sí considero oportuno avanzar en reformas estrictamente organizativas para optimizar los recursos, como por ejemplo la unificación de las Oficinas de Gestión Judicial (OGJ) de primera instancia y de cámara en Santa Fe y Rosario. Esto agilizaría enormemente la agenda de audiencias para todos los operadores de la justicia penal y evitaría superposiciones horarias. Debemos enfocarnos en consolidar y hacer funcionar de manera óptima las herramientas actuales, un proceso que se verá fuertemente potenciado por la incorporación de la tecnología y la consolidación de la Plataforma Alberdi.
