El Gobierno Provincial, a través del ministro Pablo Olivares, promociona un incremento anualizado cercano al 49%. Para la delegada del departamento Iriondo, Carina Abate Daga, los números presentados por la provincia no resisten un análisis básico, donde sostiene que el Gobierno busca instalar un relato de recomposición salarial que no se refleja en los bolsillos reales de la mayoría de los trabajadores de la educación.
«El chiste uno lo tiene que tomar con humor y reírse porque la verdad que ya genera risa; y se pasa la risa y viene la bronca. Que se comunique que un docente va a tener un anualizado de casi un 50% de aumento de enero a diciembre, me remito al acta paritaria. El primer semestre ellos otorgaron por decreto un 12,5% y ahora el acta dice que se otorga un 10,1% en seis meses (de julio a diciembre). Si sumamos 10,1 + 12,5 no me estaría dando 49. Empecemos por ahí».
Carina reveló que la estrategia oficial consiste en «salir a mentir con grillas», incluyendo conceptos que no son permanentes o que son de difícil cumplimiento, como los ítems de formación y el premio a la asistencia.
Uno de los puntos más polémicos de la propuesta es el concepto de «incremento garantizado». Según la delegada, lo que se presenta como un beneficio es, en realidad, un adelanto que podría ser descontado a futuro si no se cumplen ciertos parámetros técnicos.
«Lean la misma letra chica de la grilla donde incluye el concepto de formación. El decreto dice claramente que si el docente no cumplimenta durante todo este año con la formación oficial, el gobierno tiene la facultad de descontar todo lo que se pagó en ese concepto. No lo invento yo, lo dice el decreto. Y con el tema del garantizado, te dicen que ningún maestro va a cobrar menos de 80.000 pesos de aumento, pero el acta dice que esos montos son absorbibles a futuros aumentos. Tal es así que, como le quedas debiendo a la provincia, la misma acta dice que el gobierno va a evaluar si la diferencia te la descuenta del aguinaldo».
Carina remarcó que el Gobierno utilice como ejemplo salarios de más de un millón y medio de pesos que solo alcanzan a una minoría de los docentes, específicamente a aquellos con jornada extendida. «La provincia tiene más de 70.000 docentes y solo 18.000 tienen jornada extendida», aclaró, denunciando que se toma un caso excepcional como si fuera la norma.
«Lo que quiero ser clara es que otra vez los jubilados nuestros quedaron afuera. El garantizado no es para los docentes jubilados. Que se siga ajustando sobre los jubilados, que se siga pagando diferido y que cobren en seis meses un 10% de aumento es una vergüenza».
Con las bases en estado de alerta, AMSAFE inició un proceso de asambleas para definir los pasos a seguir. Aunque el malestar es generalizado, la modalidad de protesta está en debate debido a los fuertes descuentos que aplica la provincia por los días de huelga.
«Hay mucho enojo, hay mucha bronca, porque esto de mentir así molesta mucho. Lo del tema del paro siempre circula, pero hay que tener en cuenta que en este último tiempo no solamente se nos descuenta el premio a la asistencia, sino que se descuenta el día; tenemos doble descuento. Eso hace que se empiecen a pensar otras alternativas de protesta que no sean necesariamente un paro».
Las mociones serán votadas en las escuelas hasta el jueves por la noche, y el viernes a las 10 de la mañana la Asamblea Provincial definirá finalmente si la docencia santafesina acepta la propuesta o profundiza las medidas de fuerza. En el departamento Iriondo se definió una sola moción: Rechazar la propuesta salarial del gobierno con jornadas de protesta y diferentes acciones. Los docentes también podrán votar en blanco o abstenerse. Todo parece indicar que en la Asamblea del día viernes ganará el rechazo, y se definirán los pasos a seguir por parte del gremio.





