El viernes 8 a partir de las 8:30 hs en Plaza de las Colectividades, las instituciones como Centro de Día Integrar, Centro Laboral San Roque, Centro de Día San Roque y Asociación Civil Laberintos, realizaran una junta de firmas.
El objetivo es para visibilizar el reclamo y elevarlo a las autoridades locales, provinciales y nacionales. Esta iniciativa se extenderá durante la próxima semana para luego presentar el petitorio ante el Concejo Deliberante en la sesión del jueves 14 y otras instancias gubernamentales.
La situación de los centros de atención para personas con discapacidad ha llegado a un punto límite. Según explica Marina Marín, Terapista Ocupacional y Directora del Centro Día Integrar, la falta de financiamiento y la incertidumbre legislativa ponen en riesgo la continuidad de servicios esenciales. «Es una locura que hayamos llegado ya a esta instancia donde tenemos instituciones cerradas».
Uno de los puntos más urgentes es la interrupción del flujo de fondos que sostiene a los prestadores y transportistas. Marina denunció que el Gobierno Nacional interrumpió los pagos hace meses, dejando a las instituciones en una situación de asfixia financiera. «Desde diciembre que cortó el gobierno la cadena de pagos y ninguna institución, transportista o prestador cobró más”. Además, detalló que hay deudas de prestaciones que datan incluso de octubre del año pasado, lo que ha llevado a muchas instituciones a tomar créditos para intentar subsistir.
A la crisis económica se suma la preocupación por un proyecto de ley presentado en el Congreso que busca modificar la Ley 24.901, considerada la «ley madre» de la discapacidad en Argentina. Marina explicó que la intención es eliminar el nomenclador que fija los aranceles de las prestaciones, «lo que se quiere hacer es eliminar el nomenclador, desregular esta famosa palabra que impone este gobierno, entonces no va a existir más ese listado de prestaciones». Según la profesional, esto obligaría a cada institución o prestador a negociar honorarios directamente con las obras sociales, lo que dejaría a las personas con discapacidad en un estado de vulnerabilidad y desamparo total.
La posible caída de estas instituciones no solo afecta a quienes reciben los tratamientos, sino también a su entorno familiar, Marina destacó «son 60 familias que pueden trabajar gracias a que tienen la tranquilidad de que su hijo está atendido, acompañado y contenido en un Centro de Día».
Marina definió la realidad actual con dos palabras, «violencia por un lado y sostén por el otro. Violencia por parte del Estado y sostén porque todas las instituciones, familias y personas con discapacidad están sosteniendo algo que debería sostener el Estado».
«Hoy literalmente las instituciones están abiertas por amor», finalizó Marina.
