Atención para aquellos que tienen programados viajes al exterior en los próximos meses, sus gastos o consumos con tarjetas de crédito tanto personales como de operaciones comerciales, serán informadas detalladamente por los bancos emisores obligatoriamente.
El gobierno endurecerá su seguimiento sobre los gastos efectuados con plásticos nacionales en el extranjero.
Con un nuevo ajuste normativo, el Ejecutivo encabezado por Javier Milei implementará una serie de controles más severos sobre las transacciones realizadas fuera del país con medios de pago electrónicos emitidos en Argentina. La disposición será aplicada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
A partir de julio
La iniciativa quedó formalizada a través del Decreto 5662/2025, ya publicado en el Boletín Oficial. El texto argumenta que la modificación busca facilitar la fiscalización impositiva y dotar al organismo recaudador de herramientas para identificar posibles inconsistencias tributarias. Con esta nueva resolución, ARCA podrá acceder a información más detallada sobre los movimientos financieros fuera del país.
Uno de los puntos más relevantes de la nueva norma establece que las entidades financieras deberán reportar de forma obligatoria los consumos realizados en el exterior, tanto por titulares como por adicionales de tarjetas de crédito, débito o compra que hayan sido emitidas en la Argentina.
A partir de julio de 2025, las operadoras de tarjetas tendrán que presentar reportes mensuales con el detalle de esas transacciones, lo que representa un giro en la política de control vigente hasta ahora.
También gastos personales
La medida no solo abarca operaciones comerciales, sino también gastos personales efectuados durante viajes.
Desde ARCA señalaron que el propósito es desincentivar maniobras que eludan el sistema tributario local, reforzando el cruce de datos para mejorar el cumplimiento de los contribuyentes y detectar posibles evasiones fiscales. Otro aspecto central de la disposición es su relación con el comercio exterior: se busca limitar la informalidad en las importaciones de bienes de consumo que muchas veces ingresan al país sin declarar, aprovechando las franquicias del régimen de compras internacionales.
Fuente: El Occidental