En un reconocimiento del rol del Estado para regular al mercado cuando hace falta reconstruir el equilibrio y la razonabilidad entre la oferta y la demanda, el Gobierno finalmente intervino en el tema de los aumentos desmedidos de la medicina prepaga, tras varias amenazas al respecto. 

El vocero Manuel Adorni informó que el Ministerio de Economía dictó una «medida de cautela anticipada» y que las principales empresas deberán «volver al valor de sus cuotas de diciembre de 2023, ajustadas desde allí por el Índice de Precios al Consumidor».

La decisión se tomó tras una denuncia por presunta cartelización y agregó que la Superintendencia de Salud presentará una medida cautelar para obligar a las empresas a retrotraer el valor de las cuotas y «devolver el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre».

«Mientras no exista la presunción de cartelización pueden hacer lo que gusten», dijo el vocero ante la pregunta sobre si este mismo tipo de política puede aplicarse a otras empresas, como las de telecomunicaciones.

La cartelización, en términos económicos y comerciales, significa un acuerdo entre competidores con el objetivo de limitar, restringir o falsear la competencia en el mercado. Esto suele implicar pactos para fijar precios, repartirse mercados, o establecer cuotas de producción. En otras palabras, es una práctica ilegal que busca eliminar la competencia y beneficiar a los participantes del cartel. 

En esa línea, defendió el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que avaló los aumentos desmedidos en las prepagas. «El DNU no invita a cometer ilegalidades, invita a actuar en libertad, no a cartelizar», planteó y repitió: «Nosotros promovemos la libertad de mercado».

Hace unos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que «las prepagas le están declarando la guerra a la clase media» con los aumentos desmedidos, por lo que había señalado que desde el Gobierno iban a hacer «todo lo que esté al alcance» para evitarlo.

Avaladas por el mega DNU de Milei, las compañías subieron cerca de 200 por ciento sus precios en cuatro meses sin ningún control de parte del Gobierno. A eso se le sumó que la Secretaría de Comercio derogó una resolución que exigía un informe periódico a las empresas de medicina privada sobre el valor de las cuotas. Mientras tanto, en la Justicia se acumulan las denuncias y pedidos de amparos contra los aumentos desmedidos.

El detalle de las medidas contra la suba de las prepagas

La Secretaría de Industria y Comercio informó que dictó una «medida de tutela anticipada» que obliga a un grupo de empresas de medicina prepaga -que representa el 75% de los afiliados- a reajustar a partir de la próxima facturación los valores de las cuotas de sus planes de salud a diciembre de 2023, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según la información oficial, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó, de forma preliminar, que «existen indicios sólidos de un acuerdo colusivo entre las empresas de medicina prepaga». Esto implica un acuerdo secreto o encubierto entre competidores para favorecerse entre ellos mismos, eliminando la competencia.

«Los efectos inmediatos de este supuesto accionar es el aumento cuasi uniforme en los precios de los planes», alertó la CNCD, que emitió un dictamen aconsejando al Secretario de Industria y Comercio del Ministerio de Economía la adopción de una medida cautelar, que faculta a esa Secretaría «imponer el cumplimiento de condiciones u ordenar el cese de conductas con el objetivo de evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud, su continuación o agravamiento».

Fuente: El Occidental